Tan solo quedan ocho meses para que los propietarios de teléfonos móviles que funcionan con tarjetas prepago compradas antes de noviembre del 2007 se identifiquen ante las operadoras. Si no lo hacen, perderán tanto su línea como su número de teléfono. Esta es la advertencia que lanzó ayer el Ministerio del Interior al poner en marcha la campaña Identifícate, que tiene como objetivo animar a dar sus datos a todas aquellas personas que desconocían esta obligación.
Las compañías de teléfonos calculan que en España más de 15 millones de personas compraron sus móviles prepago antes del 9 de noviembre del 2007, cuando entró en vigor la ley de conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones; la norma obliga a las operadoras a llevar un libro de registro en el que conste la identidad de todos los clientes y a guardar durante dos años los datos de todas sus comunicaciones, con el fin de ofrecer esta información a las fuerzas de seguridad, siempre que lo requiera el juez, para ayudarles así a resolver los delitos graves. Hasta la entrada en vigor de la ley, este tipo de datos únicamente eran guardados durante tres meses.
LA DIRECTIVA
La norma española transpone una directiva que la UE aprobó en febrero del 2006, tras los atentados de Londres en los que murieron 55 personas. España ha sido uno de los países más activos en su aplicación, sobre todo después de la experiencia del 11-M, cuando el seguimiento de las tarjetas usadas para atentar condujo rápidamente a la detención de algunos de los terroristas implicados.
Para identificarse, los propietarios de tarjetas prepago solo tienen que dirigirse a cualquiera de los puntos de venta de su compañía de teléfonos. Los particulares tendrán que acreditar quiénes son con el DNI, pasaporte o tarjeta de identidad de extranjero, mientras que las empresas deberán aportar la tarjeta de identificación fiscal. El plazo termina el 8 de noviembre del 2009. Toda la información se puede consultar en la web del ministerio del Interior (www.mir.es).
A partir de esa fecha, las operadoras tiene la obligación de desactivar todas aquellas tarjetas cuyo dueño no se haya identificado, por lo que ese usuario perderá su línea y número de teléfono.
Pese a ello, los delincuentes pueden tener “resquicios” a los que acogerse, como reconoció ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la presentación de la campaña, que, por el momento, consiste únicamente en la información disponible en la web de Interior. El problema es que ningún país europeo, excepto Italia, Alemania, Hungría y Suiza, van a aplicar la directiva europea en breve, por lo que los delincuentes solo tienen que desplazarse a países del entorno como Portugal, Francia o Marruecos para adquirir los móviles sin dejar rastro. Incluso se puede crear en España un mercado negro, según admitió Pérez Rubalcaba.
LAS DIFICULTADES
Sin embargo, el titular de Interior defendió la implicación del Gobierno en este tema porque dificulta “extraordinariamente” a los delincuentes la adquisición de tarjetas y lanza “un mensaje” al resto de países para que se sumen cuanto antes a la iniciativa.
En un principio, esta ley contó con el rechazo de las compañías por el coste que supone el almacenaje. Por eso, Rubalcaba agradeció ayer a las empresas el “esfuerzo” que están realizando con el fin de ayudar a la policía en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Fuente: El Periódico