Las entidades representativas de la comunidad internauta (Asociación de Internautas.. etc), los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo entre RedTel y las sociedades de gestión de los derechos de autor. El objetivo de la SGAE es criminalizar las descargas para que los operadores tengan que imponer el modelo francés que avisa a los internautas que descargan en redes de intercambio y posteriormente les desconecta.
Caída de ingresos de las operadoras
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las empresas de telecomunicaciones y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (“Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario“) y 11 (“Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
El P2P no es delito
Diversas sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos). Las páginas con enlaces tampoco realizan ningún acto ilegal cuando no hay ánimo de lucro.
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad). Por su parte, la industria del cine ha pérdido 800 millones de euros, pero ningún informe demuestra que el motivo sea Internet.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Fuente: ADSL Zone
